El jurista español Aitor Martínez Jiménez, de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICP), en entrevista con Radio Ñanduti celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver a los once campesinos e indicó que después de 6 años de lucha “por fin la justicia se ha abierto camino”.

A su criterio, ésta era “la única salida posible” para el caso, sobre todo atendiendo a las que definió como “aberraciones judiciales” que habrían sido cometidas a lo largo del proceso judicial.

“Más tarde o más temprano, ya sea en primera o segunda instancia o en casación, este caso se tenía que caer porque no había por dónde sostenerlo”, afirmó Martínez Jiménez a la 1020 AM.

El letrado manifestó que desde el primer momento se pudo observar que se trató de una cuestión política debido a que fue la principal causal del juicio político al expresidente Fernando Lugo en el año 2012. Además, considera que ya se había contaminado desde el mismo día en el que retiraron a la fiscal original del caso y se lo dieron unilateralmente a Jalil Rachid.

Sostuvo que con la condena se logró dañar la imagen y la honorabilidad de los 11 campesinos que habían sido acusados y condenados por el caso Curuguaty, sobre todo por los años en los que estuvieron privados de su libertad. “Espero que ahora la justicia paraguaya indemnice a estas personas por las gravísimas irregularidades que se han cometido contra ellos”, agregó.

A su criterio, se le concedió el caso a Jalil Rachid “para que dibujara una investigación” que tenía por objetivo “cerrar la causa penal de acuerdo a cómo se había cerrado el juicio político”. Asimismo, cuestionó la actuación del citado fiscal por todas las irregularidades y desprolijidades que fueron cometidas a lo largo del proceso. “Creo que con un poco de humildad debería entonar un mea culpa y salir a pedir perdón por lo que ha hecho”, manifestó el abogado español.

El mismo afirmó que aún existe impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en aquel operativo que tuvo lugar en junio del año 2012 en una finca perteneciente a la firma Campos Morombí S.A. y pidió que el Poder Judicial investigue a los jueces que estuvieron en las anteriores instancias para dilucidar si es que incurrieron o no en un prevaricato.

Un equipo dirigido por el abogado Aitor Martínez Jiménez había presentado en octubre del año 2012 una pormenorizada investigación sobre la masacre en Curuguaty. El informe, a través de diversas pruebas y argumentaciones técnicas, desacreditaba la acusación del Ministerio Público.

Este jurista español, junto a los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, llegó a presentar en marzo de 2014 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que, entre otras cosas, exigía al Estado paraguayo investigar las detenciones arbitrarias y las presuntas torturas.

En la mañana de este lunes se reportó un caso de arrollamiento en la intersección de las calles Colón y Víctor Haedo, en la zona del microcentro de la ciudad capital.

Resultó víctima de este episodio Ana Narváez, de 66 años, quien sufrió diversas lesiones luego de ser embestida por un ómnibus de la Línea 23 - empresa TTL S.A.

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Por su parte, el conductor del transporte público fue identificado como Arnaldo Saúl Florentín Ocampos, de 33 años, quien fue demorado por la Policía Nacional tras el percance vial.

De acuerdo al informe del canal GEN, la mujer pretendía cruzar la calle para abordar otro bus y, en ese interín, fue arrollada por el colectivo de la Línea 23.

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Posterior al choque, Narváez fue asistida por paramédicos y llevada al IPS Boquerón, ubicado en inmediaciones del Mercado 4, para recibir atención médica.

Una conductora perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un árbol al realizar una maniobra brusca para esquivar un bache. La misma sufrió varias lesiones, por lo que tuvo que salir derivado a un centro asistencial.

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De acuerdo al informe policial, Bernarda González Alfonzo (34), con domicilio en la ciudad de Hernandarias, iba al mando de su automóvil Toyota Caldina, se dirigía hacia la avenida Bernardino Caballero y, al pasar frente a la cárcel de Ciudad Del Este, realizó un desvío brusco desviar un bache.

A raíz de ello, perdió la dirección del vehículo y se estrelló contra un árbol ubicado en el paseo central de la vía, frente a la Dirección de Policía.

En consecuencia, la misma sufrió algunas lesiones, por lo que recibió primeros auxilios de parte de los bomberos voluntarios, posteriormente, la derivaron al Hospital Regional de la ciudad para recibir la atención médica correspondiente.

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Alrededor de las 16:00 hs de este domingo se registró un hecho de asalto a mano armada en la estación de servicio del emblema Petropar, ubicada sobre la avenida Julio César Riquelme del barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este.

De acuerdo al parte policial, dos hombres armados llegaron al surtidor a bordo de una motocicleta y encañonaron a los dos empleados que se encontraban de turno, identificados como Horacio Javier Peña (38) y Tatiana Modesta Segovia Giménez (21).

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Posteriormente, se apoderaron de la suma de G. 5.000.000 en efectivo y dos teléfonos celulares, un iPhone 7 Plus negro y un Samsung A3 azul.

Tras lograr su cometido, ambos delincuentes se dieron a la fuga en el biciclo en el que habían llegado, una motocicleta de tipo clásico, color azul, según el informe.

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Cabe mencionar que ninguno de los ladrones llevaba casco protector, por lo que tenían el rostro descubierto. Uno vestía una campera roja con capucha, mientras que el otro usaba una campera gris y un kepis azul, indica La Jornada.

La denuncia del hecho fue formalizada ante la Policía Nacional, que activó un operativo de búsqueda para dar con los autores, aunque hasta ahora sin éxito.